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. La DGT aclara que cuando se condena a una entidad financiera a devolver al consumidor los importes que ha pagado de más, si esas cantidades han formado parte de la base de la deducción por inversión en vivienda habitual, "se perdería el derecho a practicar la deducción en relación con las mismas, lo que obliga a regularizar tal situación tributaria". Aunque los ejercicios en los que se practicó la deducción por inversión en la adquisición de vivienda habitual pudieran estar prescritos, "no lo está la obligación de regularizar el importe de las deducciones indebidamente practicadas, porque dicha obligación surge en el periodo impositivo en que se incumplen los requisitos que dieron derecho a la deducción". Por otro lado, la subrogación o novación de la hipoteca no acaba con el derecho a deducción en el IRPF.

El Pleno considera que no existe doble imposición porque la capacidad económica que se tributa en dicho impuesto es distinta a la que se grava en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En cuanto al trato dispar, el Constitucional señala que los pactos o contratos sucesorios tienen efectos en el presente, circunstancia que el legislador puede legítimamente tener en cuenta para no aplicarles el mismo tratamiento fiscal que a las transmisiones por fallecimiento. Esta sentencia ha sido aprobada por la mayoría del Pleno, pero no por unanimidad, ya que ha contado con dos votos particulares, que indican que la regulación impugnada establece “discriminaciones arbitrarias” entre contribuyentes entre los que no media ninguna razón objetiva de diferenciación.

Podrán percibir la totalidad de la pensión si tienen contratado a un trabajador por cuenta ajena siempre que esta ocupación esté ligada al desarrollo de la actividad empresarial del autónomo. El acceso a la totalidad de la pensión corresponde a una situación excepcional, aplicado como una medida de protección para aquellos empleados contratados por cuenta ajena no pierdan su trabajo. Para acceder al 100% de la pensión, el desarrollo de la actividad de la persona contratada tiene que estar "directamente relacionada con la que efectúa el trabajador autónomo al que se le permite esta concreta modalidad de jubilación en las ventajosas condiciones que la ley configura", concreta.

Según ha informado el Ministerio de Industria, Comercio y turismo, provienen de empresas sitas en 13 comunidades autónomas distintas, la mayoría en Cataluña, con 11 inscripciones. Tras la expiración del plazo de presentación de solicitudes comienza la evaluación de los proyectos presentados que serán resueltos en un plazo máximo de cinco meses. De aprobarse las solicitudes, la reducción de la semana laboral modulará las jornadas de 503 trabajadores. Durante el periodo de presentación de solicitudes, abierto a mediados de abril y que se ha prolongado durante un mes, se recibieron un total de 165 peticiones de información de entidades de diversos sectores.

Según varios expertos, la Seguridad Social empleará como argumento el Estatuto del Trabajador Autónomo, cuya reforma entró en vigor el 1 de enero, donde se establecían las condiciones para beneficiarse de una bonificación del 100% en las cuotas aportadas al RETA cuando un trabajador por cuenta propia es padre o madre. Ello motivará que reclame a miles de trabajadores autónomos la devolución de la bonificación de sus cuotas al RETA por paternidad o maternidad obtenida hasta el 31-12-2022. Según indican los expertos, “La Tesorería está reclamando cantidades a partir de unos 1.200 euros. Esto, sin contar con el recargo que podrían añadir a la cantidad”, dicen.

Las empresas no pueden desistir de los trabajadores por no haber superado el periodo de prueba si no se ha establecido previamente las fechas de inicio y final de dicha prueba. Además, el periodo no tendrá validez y el despido pasa a ser improcedente. La Sala argumenta que la fijación del periodo de prueba es un derecho mínimo de los trabajadores cuya motivación "tiene causa en sus consecuencias (desistimiento sin derecho a indemnización) de los trabajadores". El hecho de que no se marque un periodo de prueba concreto genera una situación de incertidumbre e inseguridad jurídica para los trabajadores que desconocen completamente si van a superar el periodo de prueba o cuando van a ser despedidos en el plazo que apunta la normativa de los trabajadores.

El cálculo de personas que se beneficiarán de esta línea del ICO, en una estimación preliminar, se cifra en 50.000. A falta de los detalles definitivos, que se darán a conocer en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, el Gobierno ha difundido los requisitos para poder aspirar a los avales. El primero que hay que cumplir es la condición de ser menor de 35 años o tener menores a cargo. Además de esto, habrá que acreditar ingresos por debajo de los 37.800 euros, o del doble, si son dos los firmantes, o hasta 64.000 euros en familias monoparentales. Por otro lado, fuentes del ministerio indicaron que los avales podrían variar en función de la zona en la que el beneficiario quiera comprar la vivienda, puesto que las diferencias de precios entre grandes capitales y municipios pequeños varían mucho.

Se trata de la primera sentencia en la Comunidad foral de Navarra que analiza la nulidad del despido por causa de enfermedad o condición de salud tras la aprobación de la ley 15/2022 integral para la igualdad de trato y la no discriminación. El magistrado considera que concurren suficientes indicios para acreditar una motivación discriminatoria en la decisión adoptada por la empresa, “la cual descansa, única y exclusivamente, en la situación de enfermedad y en la baja médica en la que se encontraba el trabajador desde unos pocos días antes de la comunicación del despido”. La sentencia considera que se han aportado suficientes elementos indiciarios que permiten aplicar la inversión de la carga de la prueba, correspondiendo en ese caso a la empresa.