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EN LLEIDA

Cambio de criterio relevante para las empresas del sector inmobiliario por parte de la Dirección General de Tributos. El órgano directivo del Ministerio de Hacienda, en dos consultas del 19 de febrero, concluye que las compañías que compran a otras empresas inmuebles, solares o locales con una hipoteca deben pagar el IVA al vendedor. El órgano entiende que al cancelar la hipoteca antes o durante la operación, el inmueble se vende sin cargas y, por tanto, obliga al comprador a pagar al vendedor el IVA correspondiente por la operación. Solo se libraría de abonarlo si compra el inmueble con hipoteca y la cancela después.

Así lo ha recordado el secretario de Estado del Ministerio que ha marcado como "próximo paso" un nuevo RD que regule la vuelta de los jubilados al mercado laboral. Según el calendario establecido por el Ministerio junto a los interlocutores sociales, Seguridad Social tiene hasta el mes de junio para introducir cambios en al regulación de la jubilación flexible mediante un Real Decreto. El secretario de Estado ha defendido la jubilación flexible como una forma de "reenganchar" a las personas trabajadoras ya jubiladas al mercado de trabajo.

Cataluña triplica la recaudación de las herencias y las donaciones en una década y roza unos ingresos anuales de 1.000 millones de euros. La Comunidad recaudó en 2023, último año del que hay datos, un total de 952 millones de euros, una cifra un 220% superior a los 298 millones que ingresó diez años antes, en 2013. Tan solo la región catalana aúna el 31% de los ingresos totales que obtienen las CCAA por este impuesto, que en 2023 alcanzó los 3.072 millones de euros. La región es una de las cuatro CCAA (Castilla-La Mancha, Asturias y Navarra) que no aplica exenciones de entre el 99% y el 100% entre las herencias y donaciones de familiares directos. Muy por detrás en recaudación queda Madrid, con 519 millones de euros.

Las empresas han comenzado a aplicar las retenciones correspondientes en las nóminas de los trabajadores que perciben el nuevo SMI, cuya actualización fue aprobada por el Gobierno a mediados de febrero. Con carácter retroactivo para todo 2025, el salario mínimo legal se ha fijado en 16.576€ anuales distribuidos en 14 pagas, lo que equivale a 1.184€ mensuales. Esto representa un incremento bruto de 700€ al año respecto al mínimo anterior. Sin embargo, a diferencia de aumentos previos, esta subida no ha ido acompañada de una actualización del umbral exento de tributación en el IRPF. Los gestores administrativos explican que, dado que el nuevo SMI tiene efecto retroactivo desde enero, las retenciones aplicadas desde marzo deben ajustarse para compensar la falta de deducciones en los dos primeros meses del año.