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Entre mayo y octubre, la Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha finalizado 5.363 expedientes relacionados con el registro de jornada y el tiempo de trabajo, un 3,9% más que en el semestre inmediatamente anterior (noviembre 2018 a abril 2019). En estos expedientes, se han constatado 980 infracciones, un 9,8% más que en los seis meses anteriores, lo que supone que se han detectado infracciones en materia de tiempo de trabajo en el 18,3% de las empresas inspeccionadas. En 2020 el Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social tiene previsto poner en marcha, en coordinación con las Comunidades Autónomas, una campaña específica sobre control del registro de jornada.

El Supremo tiene pendiente otro caso similar con lo que, si vuelve a fallar lo mismo en los próximos meses, sentará jurisprudencia. Esta sentencia anula la del TSJ de Extremadura que entendió que la reclamación de tales intereses había sido extemporánea, pues se presentó con posterioridad a la liquidación del contrato, sin que dicha empresa hubiese opuesto ninguna objeción o reserva a dicha liquidación. La Administración no discutió la demora ni la cuantificación de los intereses reclamados.

Nace como la evolución del renting flexible para ofertar a las empresas, generalmente medianas o grandes, un nuevo servicio de movilidad para sus empleados a través de una flota de vehículos para uso compartido. Ahora esos mismos coches se ponen a disposición de los trabajadores que pueden usarlos no solo para desplazamientos profesionales, sino también de carácter personal. ALD Automotiva ha lanzado un carsharing coporativo para uso profesional y personal. Las empresas pueden cobrar a sus empleados por el uso privado del coche. Si las empresas no cobras el uso, deben tributar como salario en especie.

La sentencia argumenta que cuando existe un incremento de la transmisión y la cuota que sale a pagar es mayor al incremento realmente obtenido por el ciudadano, se estaría tributando por una renta inexistente, virtual o ficticia, produciendo un exceso de tributación contrario a los principios constitucionales de capacidad económica y no confiscatoriedad (art. 31.1 CE). El Tribunal limita las situaciones susceptibles de ser revisadas exclusivamente a aquellas que no hayan adquirido firmeza a la fecha de su publicación. El TC informa que en los próximos días se notificará la sentencia y se facilitará una nota de prensa más extensa.