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Consistirá en 13 tramos de ingresos a los que irá asociada una cuota de entre 90 euros y 1.220 euros mensuales, en función del nivel de ingresos. Y eso sí, se llegará a estas cuantías cuando se complete la reforma, dentro de nueve años que es el periodo de transición previsto para el régimen de cotizaciones. No obstante, durante el primer año del periodo transitorio de aplicación de esta reforma, previsto en 2023, se establecerá una cotización intermedia por tramos cuyo número se irá incrementando progresivamente para quienes más ganan y también se reducirá en los supuestos de ingresos por debajo del salario mínimo interprofesional. Los autónomos podrán elegir provisionalmente su base de cotización entre trece en función de sus previsiones de rendimientos con la posibilidad de modificar su elección seis veces a lo largo del año para ajustarla a sus rendimientos.

El Gobierno aprobará este martes la ley que regula el trabajo de los repartidores a domicilio por parte de las plataformas digitales, conocida como 'ley de riders', según ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. El texto del acuerdo señala que el Real Decreto-Ley que recoge la norma entrará en vigor a los tres meses de su publicación en el BOE, un plazo que el Gobierno otorgó a las empresas como periodo de adaptación. Tras conocerse que su aprobación será mañana, las organizaciones Repartidores Unidos y APRA han convocado manifestaciones para este martes en nueve ciudades españolas, según han informado en un comunicado.

Condena a la compañía a la inmediata readmisión del empleado en las mismas condiciones laborales que tenía. Además, deberá abonarle los salarios dejados de percibir desde entonces y hasta su efectiva reincorporación al puesto de trabajo, así como una indemnización por daño moral de 6.251 euros. El alto órgano judicial gallego entiende que en este caso se produjo un despido por “discriminación refleja”, ya que “se vulneró el derecho del recurrente a la igualdad y a no sufrir discriminación por razón de sexo (embarazo), dado que le sería proyectable –indirectamente- la protección otorgada por el artículo 55.5 del estatuto de los trabajadores”.

Pero el Ministerio de Asuntos Económicos trabaja ya para tener un marco definido a partir de 2022, y la fórmula será trasponer la directiva europea de reestructuraciones. Las empresas contarán con un plazo máximo de 12 meses de preconcurso, frente a los cuatro actuales, y habrá más facilidad para forzar que los acreedores acepten los pactos de reestructuración. Se podrán, incluso, imponer quitas del 100%. La directiva está plagada de novedades que contribuirán a paliar la destrucción del tejido empresarial.