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La sustitución de trabajadores afectados por un ERTE por fuerza mayor por empleados externos está expresamente prohibida por el decreto ley que prorrogó estos expedientes hasta el 30 de septiembre. Sin embargo, la falta de concreción y desarrollo de la infracción administrativa complica la imposición de multas, según advierten los laboralistas. Dos expertos laboralistas despejan esta y otras dudas legales en torno a la aplicación de las medidas de prórroga mientras duren los ERTE por fuerza mayor suscritos por la Covid-19.

El anteproyecto de ley del teletrabajo se articula sobre diferentes ejes como la voluntariedad, la libre elección del horario, la compensación de los gastos directos e indirectos y la desconexión digital. También ahonda sobre otras problemáticas y peligros del trabajo a distancia, como son los riesgos laborales, el derecho a la intimidad, posibles detrimentos sobre la promoción interna y la progresión salarial o el fortalecimiento de los roles de género y de los cuidados. Estos peligros específicos “pueden ser físicos, como los derivados del sedentarismo o del trabajo frente a pantallas de visualización”. El texto enfatiza en los problemas asociados a trabajar en lugares que no están preparados para encarar una jornada, así como en las malas posturas que pueden desembocar en lesiones o daños físicos.

La Inspección de Trabajo y Seguridad Social ha intensificado la detección de fraude en ERTE con una campaña inspectora que incide en la protección y uso responsable de los recursos públicos. La campaña, ya activada, además de actuaciones informativas con el envío a las empresas de comunicaciones relativas a las obligaciones vinculadas a los ERTE, contempla la intensificación de visitas de Inspección con el fin de detectar incumplimientos o prácticas irregulares, como el reinicio de la actividad sin comunicación previa al Servicio Público Estatal de Empleo (SEPE), que implica la reanudación del trabajo con personas trabajadoras cobrando la prestación por desempleo. La Inspección de Trabajo atenderá, en este sentido, a las denuncias presentadas en la Inspección Provincial correspondiente, que relaten hechos de los que se deduzca fraude en prestaciones por desempleo u otro tipo de fraude vinculado a ERTE Covid-19 (como la realización de horas extraordinarias con personal reincorporado, manteniendo personas trabajadoras en ERTE).

La Sala III, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo ha fijado como criterio interpretativo que la solicitud de extensión de efectos del fallo de una sentencia firme en materia tributaria no requiere que el interesado, con carácter previo al escrito que ha de dirigir al tribunal que ha dictado la sentencia cuya extensión de efectos se pretende, presente una solicitud de rectificación de la autoliquidación del tributo en cuestión ante una Administración tributaria. El Supremo, estima el recurso de una persona contra los autos del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que le denegaron la extensión de efectos de una sentencia de dicho tribunal superior, de 6 de julio de 2016, que reconoció a una mujer el derecho a que Hacienda le devolviese el dinero pagado en el IRPF por una prestación pública de maternidad, al estar ésta exenta del impuesto.