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La nueva ministra de Trabajo y Economía Social ha afirmado que la reforma laboral de 2012 se derogará en dos fases. En una primera se procederá a suprimir "de inmediato y con urgencia" determinados aspectos de la ley, como el que permite el despido por acumulación de bajas justificadas por enfermedad o el que da prevalencia a los convenios de empresa sobre los sectoriales. "Hay que reequilibrar la posición de sindicatos y empresarios en la negociación colectiva", ha apuntado la ministra. En una segunda fase, se elaborará en el marco del diálogo social un nuevo Estatuto de los Trabajadores del siglo XXI para adaptarlo a las nuevas realidades, ya que las relaciones laborales ya no son las de las "grandes fábricas", sino que se producen mayoritariamente en pymes y negocios autónomos, ha precisado. La ministra ha subrayado también que pequeñas "modificaciones legislativas" pueden ayudar a combatir la precariedad laboral, por ejemplo, ha dicho, devolviendo la causalidad a los contratos temporales, o modificando aspectos de la subcontratación.

El mecanismo, forma parte de una batería de medidas que también incluirá la creación de un seguro europeo de desempleo. Objetivo: potenciar la convergencia económica entre los socios de la UE, reducir el riesgo de dumping salarial en un mercado laboral sin fronteras y rescatar a una parte de los 110 millones de europeos en riesgo de pobreza.

Desde el 12 de mayo de 2019, las corporaciones con trabajadores a su cargo, incluidos los autónomos y pymes, tienen que establecer un registro de la jornada que llevan a cabo los empleados. Si accedemos a los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social detectamos más de 5.300 expedientes que el Organismo reconoce relacionados con el registro de la jornada y el tiempo de trabajo. Se trata de casi un 4% más de casos que en el mismo periodo inmediatamente anterior. Por lo general, las multas relacionadas con esta implantación de la normativa aún están muy lejos de las que se expiden por irregularidades en el tiempo de trabajo.

El Tribunal Constitucional ha declarado nulo el despido de un enfermero de un centro de día para personas dependientes que se quejó ante el Ayuntamiento de deficiencias en su empresa, que gestionaba la residencia, al estimar que hubo una "injustificada limitación" de su derecho a la libertad de expresión. En una sentencia publicada este lunes en el BOE, el Constitucional señala que, al exigir que las críticas no trascendieran más allá de la empresa, se produjo un "claro vaciamiento del contenido" de ese derecho fundamental, haciendo que cediera ante un "deber de lealtad" a la empresa que no se ajusta al sistema constitucional de relaciones laborales.